Luis Berenguer

Pregunta.- ¿Cómo valora la fuerte reacción que han tenido sus declaraciones pidiendo la supresión de los visados de determinados colectivos?

Respuesta.- Muchas gracias por su pregunta. Desde la CNC entendemos que es una reacción natural en un sector como este de los servicios profesionales y los colegios profesionales que tiene que abrirse a la competencia. Siempre existen y se ponen de manifiesto resistencias de los colectivos que vivían al amparo de la competencia y que deben adaptar sus modos de funcionar.

P.- Buenos días, Sr. Berenguer, ¿cómo actúa la CNC cuando los ciudadanos comunican actuaciones privadas contrarias a la libre competencia o Ayudas de Estado que considere ilegales? Gracias anticipadas

R.- Son casos distintos. En el caso de las empresas privadas que llevan a cabo conductas anticompetitivas (un cártel por ejemplo), la CNC puede abrir un expediente sancionador que, en su caso, podría acabar en una multa. En el caso de las ayudas de estado la actuación de la CNC es mucho más limitada: en primer lugar, porque en buena medida el contro de las mismas es competencia de la Comisión Europea; y en segundo lugar, porque son casos de administraciones en ejercicio de su potestad pública.

P.- ¿Cómo es posible que se mantenga un monopolio como el de la SGAE?

R.- Esta pregunta supongo que tendría que dirigirse al Ministerio de Cultura, que es de donde debería partir la iniciativa para modificar la legislación sobre propiedad intelectual. Bueno, al Ministerio de Cultura y a los miembros de la subcomisión parlamentaria que estaba estudiando los cambios en esta legislación… Nuestro informe de principios de años sobre este tema es muy claro: la ausencia de competencia en este sector es perniciosa y no deja de reflejarse en los numerosos expedientes sancionadores que ha sido necesario abrir contra las entidades de gestión de derechos.

P.- Tras casi tres años de experiencia desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, ¿cuáles son los aspectos que más destaca como positivos y negativos del nuevo modelo?

R.- Muchas gracias por la pregunta. Destacaría en términos generales la consolidación misma de la CNC como institución encargada de la defensa de la competencia en España. Consolidación que se ha concretado en un gran proactividad en sus actuaciones: tanto en la persecución de las conductas anticompetitivas más dañinas como en el hecho de haber sido capaces de llevar a la opinión pública la necesidad de que, desde las administraciones públicas, se lleven a cabo cambios regulatorios que permitan mayor competencia en los diferentes mercados. Como aspectos negativos señalaría los propios de un periodo de transición; del que sacamos la conclusión de que debemos ser aun más efectivos…

P.- ¿Se puede regular el abuso de poder de las empresas públicas, ya que debido a su implantación y servicios gratuitos, nos hacen la competencia al sector privado local?

R.- Las empresas públicas no tienen gran sentido en sectores en los que el sector privado puede proveer de bienes y servicios, pero el problema es que el Tratado es neutro en cuanto a ellas, es decir que no se las prohíbe ni limita su actuación por lo que los únicos mecanismos que corresponden, en este caso a la Comisión Europea, es el control de las ayudas públicas. Y se exige que la actuación de los poderes públicos en esas empresas responda al llamado “principio del inversor privado” es decir que sólo invierta en las mismas condiciones que lo hubiera hecho un inversor privado, lo cual todos sabemos que no siempre se cumple. La CNC tiene unas facultades muy limitadas en materia de Ayudas Públicas, porque la competencia corresponde a la Comisión Europea, pero no por ello dejaremos de insistir en esos mensajes y de tratar de disminuir el sector público empresarial, que afecta esencialmente a las CCAA.

P.- Ante todo mi felicitación por asumir un aspecto muy delicado pero esencial para el progreso empresarial, impidiendo prácticas monopolísticas que llevarían a oligopolios impropios de lo que ha de ser el siglo XXI. ¿Ha pensado en campañas de concienciación para los empresarios con participación de las propias empresas que puedan ser afectadas por esas prácticas? ¿Qué aportaciones desearía más para su función?

R.- Muchas gracias por sus palabras. Con respecto al tema de la concienciación, nos parece un tema clave. Desde la CNC estamos empeñados en difundir en nuestro país una auténtica cultura de la competencia, que consideramos fundamental: para nuestro trabajo, para mejorar la asignación de recursos en la economía y, en definitiva, para que los consumidores tengan mejores precios y mejores productos y servicios. Una de nuestras iniciativas en este sentido ha sido la publicación de una Guía para Asociaciones Empresariales. Sobre las aportaciones extra a mi función: creo que estamos más bien en un momento de consolidación de la reforma del sistema español de defensa de la competencia que tuvo lugar en 2007

P.- En relación a la supresión del visado en las profesiones de ingeniería o arquitectura ¿se ha constado alguna falta de competencia en el mercado de la ingeniería en relación a otros paises que obligue a tomar medidas? ¿Cómo se va a garantizar que los profesionales españoles puedan ejercer en igualdad de condiciones en otros paises de la UE?

R.- Precisamente en la mayor parte de países de nuestro entorno no existe nada parecido al visado por lo que su supresión nos acercara a un marco regulatorio común. Y ello supondrá una mejor integración del mercado de servicios profesionales en el territorio de la UE.

P.- Desde que se aprobó la actual Ley de la Competencia en la que se articuló la figura del chivatono hay quincena en la que la CNC no decida poner en marcha un expediente u ordene un registro. ¿Está sorprendido con la buena acogida que esta figura del delator ha tenido en España cuando todo el mundo pensaba que no triunfaría en un país latino? ¿Cabe pensar que a la vista de la enorme carga de trabajo que los chivatos han dado a la CNC, se haya descubierto que España mantiene una economía eminentemente “cartelizada”?

R.- Es cierto que el programa de clemencia no encaja bien en países de cultura latina como España. Debo decir que yo mismo veía con recelos hace unos años este tipo de instrumentos. Sin embargo, ahora soy un auténtico convencido de su utilidad. Hay que tener en cuenta que los cárteles, por su propia naturaleza, tienden a ser secretos y hacen todo lo posible porque sus actividades no salgan a la luz pública. El programa de clemencia (junto con las inspecciones en las sedes de las empresas) es lo que permite destaparlos y sancionarlos en su caso. Sobre si España es un país de cartelistas, hace unos años me habría sentido inclinado a pensar que ésta era una afirmación exagerada. El recorrido de casos abiertos por la CNC desde su creación (por su número y por la variedad de sectores afectados) nos indica que las autoridades de defensa de la competencia tienen mucho trabajo todavía por hacer…

P.- En mi práctica profesional como abogado veo como frecuentemente la CNC es utilizada como forma de presión entre empresas que mantienen alguna disputa en relaciones estrictamente verticales. Esta involucración de la CNC restringe el dinamismo de las relaciones comerciales. ¿No cree que debería haber algún coste para las empresas que denuncian ante la CNC prácticas anticompetitivas infundadas?

R.- En realidad su pregunta engloba dos diferentes cuestiones. En primer lugar la CNC está siendo, como corresponde a una autoridad de la competencia moderna, más incisiva en la persecución de las conductas horizontales, entre competidores, que en las verticales que ocasionan menos problemas de competencia que aquéllas; Vd. mismo podrá comprobar esta realidad repasando nuestras resoluciones. En cuanto a la existencia de denuncias infundadas la legislación general de procedimiento administrativo permite la excepcional imposición de sanciones a quienes incurran en esas prácticas. Hasta el momento hemos avisado, incluso en resoluciones, de la existencia de esa posibilidad, como aviso para navegantes.

P.- Todo lo de las multas y los informes está muy bien pero, ¿tiene esto una repercusión verdadera en las empresas, les disuade realmente de hacer “trampas”?

R.- Hace unos días se celebró en Madrid el Día Europeo de la Competencia y uno de los temas en discusión fue precisamente éste: el de los instrumentos de disuasión en la política de defensa de la competencia. De modo que es un tema abierto, al menos a nivel europeo. En España, hemos experimentado un aumento significativo de las sanciones, por lo que podemos considerar que cada vez tienen un efecto más disuasorio para los eventuales infractores. El mismo éxito del programa de clemencia es una muestra del interés de los infractores en evitar las sanciones…

P.- Buenos días señor Berenguer. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál cree que será la evolución del futuro derecho de los consumidores al resarcimiento por los perjuicios producidos por infracciones del Derecho de la competencia? ¿y cree que habrá cambios en la responsabilidad personal que deban asumir directivos y responsables de las empresas al respecto? Muchas gracias

R.- Respondiendo por partes: el borrador de Propuesta de Directiva sobre Indemnización de Perjuicios fue paralizado en los últimos tiempos de la anterior Comisión Europea por las resistencias de los sectores empresariales que presionaron a sus Gobiernos transmitiendo una idea, creo que errónea, de los grandes males que se cernían sobre ellos por su aprobación. El comisario Almunia ha retomado la iniciativa si bien desea que se serene el debate, lo cual siempre parece adecuado. En segundo lugar no sé si se refiere a la responsabilidad personal prevista en el borrador de Directiva o bien en la prevista, si bien muy dulcificada, en nuestra LDC. En cualquier caso incrementar las sanciones y la responsabilidad de los directivos que con sus decisiones causan tremendos perjuicios a los consumidores constituye un importante elemento disuasorio para la realización de tales conductas.

P.- A la luz de su último informe sobre la SGAE, ¿cómo es posible que aún no se haya modificado la Ley de Propiedad Intelectual en España? ¿Van Uds. a esperar a que dicha modicación ocurra o van a actuar conforme al contenido de dicho informe, con carácter más o menos inmediato?

R.- Gracias por su pregunta. Como decía un poco más abajo, nuestro informe lo que hace es proponer cambios legislativos en la regulación de las entidades de gestión, en el sentido de introducir más competencia. Ahora bien, la realización de dichos cambios no está en manos de la CNC: es tarea del Ministerio de Cultura y de nuestros legisladores.

P.- ¿No le parece que son muchas veces las administraciones públicas los mayores enemigos de la competencia en nuestro país?

R.- Una de las grandes novedades que introdujo la Ley de Defensa de la Competencia en 2007 fue el impulso a labor de lo que nosotros llamamos promoción de la competencia. Que no es otra cosa que intentar convencer a las administraciones públicas para que, al regular sectores económicos concretos en el ámbito de sus competencias sean lo menos restrictivas posibles para la competencia. En este sentido, la CNC ha sido muy muy activa, llevando a la opinión pública el debate sobre determinados cambios normativos (en sectores como los colegios profesionales, el transporte por autobús, la energía, etc.) que implicarían mayor competencia y, por lo tanto, una asignación económica más eficiente y mayores beneficios para los consumidores.

P.- Los profesionales de la documentación en Madrid, pretenden crear un colegio profesional desde hace dos años. Es para usted ¿Cómo valora que este colectivo quiera fijar unas condiciones salariales dignas por prestación de servicios profesionales y técnicos?, ¿Puede ser considerado este aspecto como un visado a la luz de la nueva normativa?

R.- En primer lugar me parece que la creación de un nuevo Colegio Profesional puede generar nuevas restricciones de la competencia: reserva de actividad, colegiación obligatoria, acuerdos de precios… en definitiva inconvenientes para el ejercicio de la actividad empresarial y mayores precios que terminan pagando los consumidores, es decir todos nosotros. Por ello sólo se pueden admitir en casos de absoluta necesidad, lo cual no percibo en el sector al que usted se refiere.

P.- Quería saber si la comisión tiene ya indicios de que las eléctricas han podido realizar prácticas anticompetitivas o incluso han formado un cartel que nos perjudique a los consumidores.

R.- Gracias por su pregunta pero no puedo pronunciarme sobre expedientes o casos abiertos ante la Comisión Nacional de la Competencia.

P.- Señor Berenguer, su organismo ha visto reducido hasta cuatro el número de consejeros, ¿cómo afectará esto a su trabajo?

R.- Pues ya sabe, trabajando más horas…

P.- La actuación de algunas compañías eléctricas de cara al consumidor en los últimos años han sido inadmisible, ¿que puede hace rla CNC para ayudar a resolver esta situación? Gracias

R.- La resoluciones de los últimos años creo que ponen de manifiesto que la actuación de la CNC con las conductas abusivas de las eléctricas ha sido cualquier cosa menos permisiva. La política sancionadora y el incremento de las multas van en ese sentido, de la misma forma que nuestros informes y actuaciones insisten en las deficiencias de la regulación del sector. En el mismo sentido está actuando la CNE, que es la comisión reguladora del sector, pero los intereses y los incentivos para realizar conductas anticompetitivas y dañinas para los consumidores son muy grandes por lo que habrá que seguir insistiendo en nuestra tarea, aunque a veces nos encontramos en la soledad y con grandes incomprensiones.

P.- Da la sensación de que el Gobierno se dispone a repartir la escasa obra civil que pondrá en juego tras el plan de ajuste. ¿La restricción de obra pública licitada por la Administración pone en riesgo la libre competencia en el sector de la construcción? ¿Qué le parece que Fomento marque en los pliegos de futuros concursos, como ya ha anunciado y es previsible, de cómo deben constituirse las UTE (Empresas de construcción, ingenierías, conservadoras de infraestructuras y entidades financieras) que pujen por los contratos?

R.- Pues si actúa como usted dice, cometerá un error porque todo ese reparto de mercados contribuirá a incrementar los precios, con lo cual con el mismo dinero se podrán hacer menos cosas. En cuanto a la regulación de las UTEs, mientras las condiciones que se impongan no sean innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias, pueden ser admisibles. Habrá que descender a cado caso concreto.